Por Joseph M. Humire
La semana pasada rendimos homenaje a las 85 víctimas mortales del mayor ataque terrorista islamista en la historia de América Latina: el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994. Veinticinco años han pasado desde que una furgoneta Renault cargada con 300 kilos de explosivos explotó delante de la sede de la AMIA en Buenos Aires. Al Gobierno argentino le llevó más una década –hasta 2006– acusar formalmente a la República Islámica de Irán y a su peón, Hezbolá, de haber cometido la matanza. Trece años después, el presidente argentino, Mauricio Macri, ha dado un paso histórico al calificaroficialmente a Hezbolá como organización terrorista: es la primera vez que se hace algo así en América Latina.
Es difícil exagerar la importancia de esta acción ejecutiva. El presidente Macri y su equipo de seguridad nacional han hecho lo que antes se consideraba imposible en la región: designar a Hezbolá como organización terrorista y hacerlo políticamente posible.
Es sólo una de una serie de medidas en las que el Gobierno Macri ha estado trabajando discretamente en los últimos seis meses, a fin de disponer de nuevos instrumentos para combatir la convergencia del terrorismo internacional con el crimen organizado transnacional. Su plan incluye el Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo, o Renapost. Aparte, se espera el anuncio de una declaración conjunta sobre el relanzamiento del Comando Tripartito de la Triple Frontera, antes llamado Grupo 3+1, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos (el “+1”).
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, estuvo en Buenos Aires la semana pasada en la segunda conferencia ministerial del Hemisferio Occidental sobre lucha antiterrorista, que establece un marco para una mayor cooperación antiterrorista en América Latina. La conferencia también fue una oportunidad para que el presidente Macri formalizase el Diálogo EEUU-Argentina sobre Financiación Ilegal, comandado por Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera argentina, que, junto con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, fue decisivo para la adopción de estas medidas ejecutivas.
Durante demasiado tiempo, Latinoamérica ha desempeñado un papel secundario en lo relacionado con la cooperación antiterrorista. Sin duda, la región no se ha visto tan afectada como otras por la oleada global de islam radical; pero tanto las organizaciones extremistas suníes como las chiíes están cobrando fuerza en América del Sur y Central, y también en el Caribe. Sin ir más lejos, recientemente el Gobierno de Nicaragua detuvo a cuatro individuos sospechosos de tener vínculos con el ISIS que posiblemente se dirigían a la frontera sudoeste de Estados Unidos. Si preguntas a cualquier agente antiterrorista latinoamericano, te dirá que Hezbolá ha desplegado la más sofisticada red criminal y terrorista, activa en prácticamente todos los países al sur del Río Grande.
La Organización de Seguridad Externa de Hezbolá (OSE), o Unidad 910, como se la conoce en la comunidad antiterrorista, es una especie de equipo de preparatoria del terrorismo internacional. En años recientes se ha sorprendido a operativos de la OSE preparando atentados en Azerbaiyán, Chipre, Egipto, Tailandia, y en 2012 lograron atentar contra un autobús en Bulgaria; el 18 de julio, el mismo día del ataque a la AMIA. Bulgaria está lejos de América Latina, pero la misma red terrorista planeó atentados en Perú y Bolivia en 2014 y 2015. De hecho, algunos de los mismos operativos de la OSE están vinculados al atentado de 1994 contra la AMIA.
Salman Rauf Salman, nacido en Colombia, con doble nacionalidad colombiano-libanesa y también conocido como Samuel Salman el Reda el Reda, está considerado uno de los cabecillas de la OSE. Actualmente vive en el gran bastión de Hezbolá, el suburbio de la Dahieh, en Beirut. Salman fue el miembro de Hezbolá sobre el terreno que dispuso los aspectos operativos del atentado contra la AMIA.
Las autoridades peruanas sospechan que Salman fue mentor del operativo de la OSE Mohamed Galeb Hamdar, detenido en Lima (Perú) en octubre de 2014 por presunta planificación de acto terrorista. Según los agentes del mando antiterrorista peruano, es posible que Hamdar se comunicara con Salman Rauf Salman mediante dos facilitadores de Hezbolá, José Mario Saladini, alias Husein Alí, y Alí Abás Chahine, que estuvo entrando y saliendo de Perú entre 2008 y 2013 a través de Chile y Bolivia.
Hamdar está siendo juzgado en el Tribunal Supremo peruano, pero la red terrorista de Hezbolá en Perú se remonta a la época del atentado contra la AMIA.
En septiembre de 1992, seis meses después del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, un presunto operativo de Hezbolá, Nidal Bazun, cruzó desde Bolivia a Puno (Perú), donde se casó con una enfermera y permaneció en el país hasta dos meses después del atentado contra la AMIA. En septiembre de 1994, agentes de inmigración peruanos detuvieron a Bazun en Piura (cerca de la frontera entre Perú y Ecuador), la misma ciudad a la que Hosein Parsa, empresario e inspector halal, viajó el 4 de julio de 1994, sólo unas semanas antes del atentado contra la AMIA. Parsa dirigió la Government Trading Corporation (GTC), la misma empresa pantalla que creó en Argentina el cerebro iraní del atentado contra la AMIA, Mosén Rabani. Parsa volvió a Argentina desde Perú el 17 de julio de 1994, la víspera del referido atentado.
Este somero recuento revela que el largo brazo de Irán y la red terrorista de Hezbolá llevan mucho tiempo activos en Sudamérica, desde antes incluso del atentado contra la AMIA.
El difunto fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, hizo público este dato en 2013, cuando difundió un dictamen de 500 páginas en el que se documentaba la evidencia de que la misma red terrorista que perpetró el atentado contra la AMIA estaba activa en no menos de ocho países de toda Sudamérica, y que se estaba extendiendo al Caribe, donde se estaba tramando un atentado contra el aeropuerto JFK de Nueva York que podría haber igualado la atrocidad del 11 de septiembre de 2001.
Afortunadamente, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad estadounidenses frustraron el complot contra el JFK, pero todo esto resalta la importancia de los desvelos del presidente Macri. La calificación argentina de Hezbolá como organización terrorista nos ayuda a aclarar cualquier confusión sobre quién es Hezbolá y qué hace en una región que no está familiarizada con las complejidades del terrorismo islamista. Algunos en América Latina ven a Hezbolá como una banda de falsificadores; para otros, son más bien blanqueadores de dinero y traficantes de drogas, y aún otros consideran que Hezbolá es simplemente un partido político y movimiento social libanés. Hezbolá podría ser todo lo anterior, pero eso no quita para que el “Partido de Dios” sea en primer lugar y por encima de todo el principal satélite terrorista de la República Islámica de Irán.
Al llamarla y clasificarla oficialmente como lo que es, una organización terrorista extranjera, las autoridades argentinas pueden empezar ahora a anticiparse a las acciones de Hezbolá, al comunicarse con más de 57 países de todo el mundo en el mismo lenguaje antiterrorista.
El objetivo de la lucha antiterrorista es anticiparse a los actos terroristas con el fin de neutralizarlos. Es inútil esperar a que tenga lugar un atentado y después tomar medidas. Al clasificar a Hezbolá como organización terrorista extranjera, el presidente Macri está llevando a América Latina a la lucha global contra el terrorismo y, con ello, honrando la memoria de los 85 argentinos que murieron en el atentado de 1994 contra la AMIA.
© Versión original (en inglés): Gatestone Institute
© Versión en español: Revista El Medio