Alegando que el instructor no estaba certificado y que la clase era mixta (varones y hembras) las autoridades iraníes arrestaron a unas 30 personas en una clase privada de yoga, agregando además que observaban comportamientos y vestidos “inapropiados”. El sitio y fecha de la clase fue rastreado por un anuncio en Instagram y los participantes fueron puestos a la orden de los tribunales.
El régimen persa prohíbe duramente cualquier tipo de actividades donde participen personas de ambos sexos, especialmente las competencias deportivas. No es difícil imaginar que las vestimentas que permiten la ejecución de las complicadas posiciones del yoga sean altamente ofensivas a la moral impuesta por la teocracia iraní.
La detección de la clase publicitada en Instagram puso de manifiesto la alta vigilancia y censura que los ayatolas imponen en los medios digitales de Irán, alegando una penetración de los cuestionables valores occidentales, cuando en realidad se censuran para evitar la organización y difusión de la disidencia y protestas ciudadanas.
De modo que Facebook, Twitter y Youtube quedaron fuera del alcance del público e Instagram posiblemente sea el próximo en la lista bajo la estricta sharía. Sin embargo, las personalidades del Gobierno siguen haciendo uso constante e intensivo de estas redes para la promoción de sus proyectos y propaganda, mientras que los contenidos publicados en internet son cercanamente supervisados y censurados mediante un acceso centralizado y controlado por las autoridades.
Otros aspectos de la vida normal caen bajo el peso de las obligaciones islámicas en Irán, lo cual produce descontentos en una sociedad joven que no ve con buenos ojos las restricciones a la libertad individual en una sociedad del siglo XXI, que se jacta de mostrar al mundo importantes avances en el área militar y bélica pero que se queda siglos atrás en el respeto de los derechos ciudadanos.
La sociedad iraní no cesa en sus quejas y protestas. Hasta la fecha se han reportado casi 40 arrestos de mujeres que han alzado su voz en contra de la obligación de usar el hijab, lo que pudiera ocasionar una pena de hasta tres años de prisión a las “transgresoras”. Otras personas han sido arrestadas por sus actividades en favor de los derechos de la mujer.
Desde la toma del poder de la llamada Revolución Islámica en 1979 los derechos de las mujeres iraníes fueron en picada ante situaciones de matrimonio, divorcio, herencia y custodia de los hijos, además de imponerse el estricto mandato del uso de la hijab como código moral.
La homosexualidad masculina o femenina es hoy en día motivo de pena de muerte en Irán y el país posee el infame récord de ejecuciones por esta “transgresión”.
Igual suerte pudieran correr los opositores al gobierno. Algunas fuentes cuentan hasta la fecha la ejecución de entre 200 y 600 prisioneros del Estado que se oponían al gobierno.
Por su parte, practicantes de religiones minoritarias en Irán viven bajo el asedio de las autoridades. Por ejemplo, se ha sabido de la prisión de unos 130 practicantes baha’is, religión execrada en su país de origen, Irán, pero que tiene uno de sus mayores santuarios en la ciudad israelí de Haifa.
Según medios israelíes, ONG europeas han definido al régimen iraní como el país “con la política internacional más agresiva” y como una entidad que difiere de una democracia moderna, de las que defienden los derechos humanos, lo que lo convierte en un riesgo potencial para otros países islámicos que más bien deberían buscar alianzas regionales con Israel, en vez de hacerlo con tan amenazante país.
Todo esto ocurre mientras los gobernantes y oficiales iraníes pretenden ocupar lugares igualitarios entre las democracias del siglo XXI en foros como la ONU, donde pretenden a fuerza de discursos convencer al resto del mundo de que Irán honra los compromisos que un Estado moderno tiene con los derechos humanos.
Fuente: Aurora