Homes under construction in Beitar Ilit. (Nati Shohat /Flash90) (Nati Shohat /Flash90)

Los Estados Unidos ya no consideran los asentamientos judíos en Cisjordania incompatibles con las leyes internacionales.

Por: Por Matthew Mainen (Middle East Forum) / Traducido por: Hatzad Hashení

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya no considerará los asentamientos de Israel en Cisjordania como violación esencial a las leyes internacionales. Este cambio de política se produce a raíz de la decisión tomada la semana pasada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), loablemente criticada por la administración Trump, que sostiene que las etiquetas de los alimentos israelíes producidos en los asentamientos deben informar adecuadamente a los consumidores de la UE su origen en los “territorios ocupados”.

La legalidad de los asentamientos, de hecho, depende en gran medida de si los territorios en disputa se encuentran ocupados. El artículo 49(6) del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe que una potencia ocupante deporte o transfiera su población hacia territorio ocupado. Si bien existen argumentos convincentes que esto ni siquiera cubre el tipo de reubicación voluntaria emprendida por los israelíes que se mueven a través de la llamada Línea Verde, la prohibición es absolutamente inaplicable si no existe ocupación. Existen buenas razones para creer que este es el caso aplicable a tal situación.

Existen varios puntos de referencia para comprender la condición legal de los territorios. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad, aprobada después de la Guerra de los Seis Días, sugiere que los territorios obtenidos por Israel resultantes de la guerra son nulos. Esta regla, sin embargo, no es absoluta.

La versión en inglés de la resolución exige la “retirada de las fuerzas armadas de Israel de los territorios ocupados” en lugar de “los territorios” o de “todos los territorios” ocupados. Este punto puede parecer una pedante complacencia, pero tal como lo expresó claramente el ex-Secretario de Estado Dean Rusk, la resolución fue cuidadosamente redactada para dejar abierta la posibilidad de que Israel de hecho conservara parte de la tierra.

Es muy cierto que Estados Unidos pretendía que estas adquisiciones se produjeran a través de un marco negociado y no por una acción israelí unilateral. Anteriormente, sin embargo, los Estados Unidos, junto a gran parte del resto del mundo, reconocieron la toma forzosa de territorio por parte de Israel.

Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948 sus fronteras se veían muy diferentes a las aceptadas hoy por la comunidad internacional. Beer Sheva, la ciudad más poblada de Israel al sur, no fue tomada por el ejército israelí al egipcio hasta octubre de 1948. Eilat, que se convirtió en el puerto y ciudad turística del Mar Rojo en Israel, fue tomada en marzo, 1949.

Estos lugares nunca han sido considerados ocupados ni su toma a través de la guerra ha sido considerada ilegítima (a menos que se considere ilegítima la existencia de Israel). Nadie llama a Eilat un asentamiento. ¿Por qué entonces, es lo contrario para los territorios adyacentes capturados en 1967, que si hubiesen sido capturados en 1949 sin duda serían parte de Israel?

Para que este disparate de trato tenga algo de sentido, aquellos que sostienen que los territorios en disputa se encuentran ocupados deberían poder identificar un cambio sustancial en las leyes internacionales o el estatus legal de los territorios, durante los años de mediación. Cuando uno observa de cerca, sin embargo, no se puede encontrar ninguno. Solo aquellos que consideran ilegítima la existencia de Israel ven a Eilat como territorio ocupado.

Las leyes internacionales se generan de los tratados y costumbres y muchos académicos recurren al Cuarto Convenio de Ginebra para argumentar que los territorios de hecho se encuentran ocupados. Este fue el camino tomado en opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el muro de seguridad construido por Israel. Sin embargo, curiosamente, el tratado ni define a la ocupación ni amplía el alcance de los territorios que califican para dicha designación. La lectura del tratado por parte de la CIJ es por ende, más que creativa. Es totalmente deshonesta.

Quizás percibiendo las deficiencias en el razonamiento de la corte, el juez Awn Al-Khasawneh emitió una opinión competente basada en las leyes internacionales consuetudinarias. Dichas leyes surgen cuando un número suficiente de estados se adhieren continuamente a una norma no-escrita porque consideran que su adhesión es legalmente obligatoria. Observando el consenso internacional de larga data, visto a través de una multitud de resoluciones de la ONU contra Israel, el juez Al-Khasawneh consideró que los territorios en disputa eran territorios ocupados.

Pero existe un problema con este modo de razonar las cosas: esto solo nos dice qué normas habituales surgieron luego de que Israel logró adquirir el territorio. No nos informa sobre la ley para el momento en que se sucedió tal adquisición por parte de Israel. En otras palabras, el juez Al-Khasawneh aparentemente impuso una ley ex-post facto (modifica las consecuencias legales de las acciones acordadas previamente) referente a Israel, algo inconcebible dentro de la jurisprudencia moderna.

Además, los cambios en las leyes internacionales consuetudinarias no pueden imponerse sobre estados en contra de su voluntad. Incluso si la costumbre ahora es considerar que lugares como el territorio en disputa son perfectamente elegibles a una ocupación, Israel es una entidad persistente en desacuerdos, un estado que ha optado por no cumplir un ordenamiento habitual.

Si bien pudiera argumentarse que Israel podía haber considerado inicialmente lo contrario, ya que emitió brevemente una proclamación militar que aplicaba leyes humanitarias sobre el tema de la ocupación a los territorios en disputa, su postura finalmente solidificó la premisa que los territorios no se encontraban ocupados.

El anuncio hecho por el Secretario Pompeo hace que la política no-oficial del Departamento de Estado sea oficial.

Tal como lo ejemplifica la decisión del TJCE tomada la semana pasada, la idea que los territorios en disputa están ocupados todavía es tomada como sagrada. Sin embargo, una mirada más cercana a la historia de la región y a las leyes internacionales pertinentes arroja dudas importantes sobre este dogma. Sin una ocupación, el caso legal contra los asentamientos no posee sustento.

Anteriormente, la Administración Trump dejó de referirse a los territorios como ocupados en sus documentos del Departamento de Estado, pero el importante funcionario Michael Kozak indicó que no hubo tal cambio oficial en política. Con el anuncio dado a conocer el lunes por el Secretario Pompeo, es hora de oficializar las cosas.

Matthew Mainen es compañero becario residente en Washington en el Foro del Medio Oriente y graduado de la Facultad de Derecho de Stanford.

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