¿Los palestinos no tienen derecho a los derechos humanos?

«La protección de los derechos y libertades requiere que se garantice el derecho de los derechos humanos a los jueces. Los jueces tienen derecho a expresar sus opiniones libremente en los medios de comunicación y las redes sociales. Al-Haq, al tiempo que condena la violación del derecho de los jueces a expresar sus opiniones libremente, pide al presidente [de la Autoridad Palestina], Mahmoud Abbas, que garantice un entorno propicio para la reforma de la judicatura y el sistema de justicia en Palestina». – Al Haq, organización palestina de derechos humanos, con sede en Ramallah, Cisjordania.

Fuente: Gatestone Institute / Por: Bassam Tawil / Traducido por: Semanario Hebreo Jai

Estas violaciones de los derechos humanos continúan frente a la promesa del gobierno de la AP de detener cualquier violación de las libertades de prensa. Ibrahim Milhem, portavoz del gobierno de la AP, fue citado a principios de este año diciendo: «El gobierno hará todo lo posible para que el entorno de trabajo de los medios de comunicación en Palestina sea más abierto y libre y para detener cualquier violación de las libertades de prensa».

A menos que los palestinos logren levantarse contra sus líderes abusivos y corruptos, lo que solo pueden hacer con el respaldo de la comunidad internacional y los medios de comunicación, su esperanza de construir una sociedad democrática no será más que un sueño.

La comunidad internacional, en particular los países que brindan ayuda financiera a los palestinos, al menos deben denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los líderes palestinos. De esa manera, los donantes occidentales envalentonarán a los reformistas y otros palestinos que están trabajando para acabar con la corrupción y la dictadura. Los donantes también deberían condicionar su ayuda financiera al liderazgo de la Autoridad Palestina para detener las violaciones de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos.

Si bien los funcionarios palestinos condenan repetidamente a Israel por violar la libertad de expresión de los palestinos, en realidad es la Autoridad Palestina (AP) la que continúa hostigando, intimidando y deteniendo a los palestinos por expresar sus opiniones en las redes sociales o por estar afiliados a grupos políticos rivales. Lo de siempre.

Las últimas víctimas del asalto en curso de la AP a las libertades públicas, particularmente la libertad de expresión, son abogados, jueces, activistas políticos y estudiantes universitarios palestinos.

La acusación más reciente se produjo después de que las autoridades israelíes cerraron las oficinas de una productora de televisión que operaba ilegalmente en Jerusalén. Las oficinas se cerraron de acuerdo con una ley israelí que prohíbe a la AP operar en Israel, incluida Jerusalén.

Esto también es habitual para la comunidad internacional y los medios extranjeros, que siguen siendo cómplices del esfuerzo de la Autoridad Palestina para evitar que el mundo se entere de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los palestinos contra los palestinos. Si bien varios funcionarios palestinos han condenado, como de costumbre, a Israel por actuar de conformidad con la ley, en lo que respecta a los líderes de la AP, los palestinos que se atreven a criticar a los líderes palestinos o hablar de corrupción no tienen ningún derecho.

Muhannad Karajeh es un destacado abogado palestino de Cisjordania gobernado por la AP que, durante varios años, ha estado defendiendo a los palestinos detenidos por los palestinos por expresar sus puntos de vista en las redes sociales. Como tal, Karajeh se ha convertido en un gran dolor de cabeza para la AP y sus múltiples fuerzas de seguridad. Lo último que necesitan es que un abogado inteligente los desafíe en las redes sociales y en los tribunales.

Recientemente, Karajeh fue informado de la intención de enjuiciarlo por presuntamente violar la controvertida Ley de Cibercrimen Palestino, que le permite a la Autoridad Palestina emprender acciones legales contra cualquiera que publique «noticias que pondrían en peligro la integridad del estado palestino, el orden público o lo interno o seguridad externa del Estado».

Los críticos de la ley dicen que su objetivo es silenciar a cualquiera que se atreva a criticar al liderazgo de la Autoridad Palestina y es una violación de la libertad de expresión y los medios de comunicación. Desde entonces, la Autoridad Palestina ha utilizado la ley para bloquear el acceso a docenas de sitios web de noticias considerados críticos con el liderazgo palestino y sus políticas.

Según Karajeh, la decisión de procesarlo surgió debido a una publicación en las redes sociales en la que criticaba a los palestinos y árabes comprometidos en la normalización con Israel. También dijo que cree que la AP está tratando de castigarlo debido a sus críticas públicas de sus violaciones de derechos humanos.

«La Autoridad Palestina debe dejar de perseguir a opositores políticos, activistas, abogados y defensores de los derechos humanos», dijo.

«Soy conocido por defender a los detenidos políticos en los tribunales de la Autoridad Palestina. No tengo problemas con nadie personalmente. Estoy siendo juzgado por mi actividad y por mi trabajo».

Un grupo palestino llamado Abogados por la Justicia expresó su indignación por la decisión de procesar a Karajeh y dijo que «cae en el contexto de la violación de la libertad de expresión». El grupo hizo un llamamiento al fiscal general de la Autoridad Palestina para detener cualquier acción contra el abogado. No es necesario decir que es poco probable que la apelación impresione al fiscal general o a cualquier funcionario de alto rango de la AP.

Además, el grupo palestino de derechos humanos Al-Haq criticó a la AP por tomar medidas disciplinarias contra dos jueces, Ahmed al-Ashqar y Ayman Daher, por publicar comentarios críticos en las redes sociales:

«Al-Haq considera que la protección del derecho de los jueces a expresar sus puntos de vista cae dentro del marco de la reforma judicial y la independencia del poder judicial, y que la exclusión de los jueces de la libertad de expresión implica una distinción entre jueces y no jueces, que está prohibido en la Ley Fundamental modificada y en las normas internacionales.

«La protección de los derechos y libertades requiere que se garantice el derecho de los derechos humanos a los jueces. Los jueces tienen derecho a expresar sus opiniones libremente en los medios de comunicación y las redes sociales. Al-Haq, al tiempo que condena la violación del derecho de los jueces a expresar sus opiniones libremente, pide al presidente [de la Autoridad Palestina] Mahmoud Abbas que garantice un entorno propicio para la reforma de la judicatura y el sistema de justicia en Palestina

Según la periodista y escritora palestina Nadia Harhash, el juez Al-Ashqar está siendo castigado por publicar un artículo titulado: «No institucionalice las violaciones de derechos humanos, ¿qué responsabilidad queremos?»

El artículo, señaló, «pedía poner fin a las violaciones de derechos humanos, reparar a las víctimas y los afectados, aplicar el estado de derecho y formar una comisión de investigación independiente». Harhash dijo que a medida que los palestinos enfrentan la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, tienen la carga de decidir a quién votar. Recordó a los palestinos la famosa cita del escritor George Orwell: «Un pueblo que elige políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores no son víctimas … sino cómplices».

El estudiante universitario palestino Abdel Rahman Hamdan también se convirtió recientemente en víctima de las supuestas violaciones de los derechos humanos de la AP. Hamdan, que estudia en la Universidad Bir Zeit de Cisjordania, fue detenido la semana pasada por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que no han dado ninguna razón para la detención.

La detención de Hamdan desencadenó una ola de protestas por parte de sus compañeros estudiantes, quienes organizaron una huelga sentada en el campus para exigir su liberación. Su familia ha acusado a las fuerzas de seguridad de la AP de torturar a su hijo. Un abogado al que se le permitió visitar al estudiante en prisión dijo que uno de sus brazos estaba roto y que tenía moretones en la cara.

En otro asalto a la libertad de expresión, el activista político palestino Ghassan al-Sa’di enfrenta actualmente cargos de «insultar» a altos funcionarios de la Autoridad Palestina. Fuentes palestinas dijeron que al-Sa’di fue convocado para ser interrogado luego de que publicara un comentario en Facebook considerado ofensivo para altos funcionarios de la Autoridad Palestina, acusándolos de corrupción.

Estas violaciones de los derechos humanos continúan frente a la promesa del gobierno de la Autoridad Palestina de detener cualquier violación de las libertades de prensa. Ibrahim Milhem, portavoz del gobierno de la AP, fue citado a principios de este año diciendo: «El gobierno hará todo lo posible para que el entorno de trabajo de los medios de comunicación en Palestina sea más abierto y libre y para detener cualquier violación de las libertades de prensa».

Por supuesto, la AP no solo ha roto su promesa a su gente. También se ha logrado desviar la atención del mundo de sus abusos al culpar a Israel de la miseria de los palestinos en el arte.

Esta estrategia de AP, de incitar a su pueblo y la comunidad internacional contra Israel a desviar la atención de su fracaso total, ha servido bien a la AP. A menos que los palestinos logren levantarse contra sus líderes abusivos y corruptos, lo que solo pueden hacer con el respaldo de la comunidad internacional y los medios de comunicación, su esperanza de construir una sociedad democrática no será más que un sueño.

Nadie espera que la comunidad internacional proporcione a los palestinos armas que se utilizarán contra los líderes palestinos. La comunidad internacional, en particular los países que brindan ayuda financiera a los palestinos, al menos deben denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los líderes palestinos. De esa manera, los donantes occidentales envalentonarán a los reformistas y otros palestinos que están trabajando para acabar con la corrupción y la dictadura. Los donantes también deberían condicionar su ayuda financiera al liderazgo de la Autoridad Palestina para detener las violaciones de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos.

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