La decisión fue aclamada por The Lawfare Project en España, que inició un proceso legal contra el ayuntamiento, como una «pérdida grave» para el movimiento BDS, y afirmó que allana el camino para nuevas acciones legales contra la aplicación de las políticas de BDS.
Un tribunal español suspendió el boicot contra Israel por parte de un consejo municipal, según un anuncio emitido por la organización sin fines de lucro The Lawfare Project ayer.
La semana pasada, un tribunal de distrito en Sevilla, sur de España, emitió un mandamiento judicial interino contra el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, deteniendo su boicot a los productos israelíes, así como su decisión de unirse a la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
La decisión fue aclamada por The Lawfare Project en España, que inició un proceso legal contra el ayuntamiento, como una «pérdida grave» para el movimiento BDS, y afirmó que allana el camino para nuevas acciones legales contra la aplicación de las políticas de BDS.
El Proyecto Lawfare es un grupo de expertos y un fondo de litigios con sede en los Estados Unidos que se esfuerza por proteger los derechos civiles y humanos de las comunidades pro israelíes y judías de todo el mundo.
El Ayuntamiento de La Roda anunció su participación en BDS en agosto de 2014, y desde entonces lo aplicó inspeccionando los códigos de barras legibles por máquina de cada artículo comprado en las licitaciones públicas, y devolviendo cualquier producto que se encuentre fabricado por Israel.
El alcalde de La Roda, Fidel Romero, es un defensor visible del boicot, y en 2014 expresó que su ayuntamiento fue probablemente el primero en España en implementar el boicot como institución, y alentó a otros a seguir su ejemplo.
En enero de 2016, apareció en el Foro BDS celebrado en San Sebastián, donde el líder del BDS Omar Barghouti y Riya Hassan, oficial de campañas europeas del Comité Nacional BDS palestino, presentaron la estrategia de boicot para España.
«La estrategia de apuntar a individuos y compañías que poseen libertades y derechos para obtener una ‘victoria’ política no impresionó a la Corte», afirmó el abogado español de The Lawfare Project, Ignacio Wenley Palacios, quien aseguró más de 40 órdenes judiciales y decisiones contra la campaña de boicot española.
«Que los grupos se dirijan a los israelíes, y finalmente a los judíos, en nombre de argumentos espurios sobre derechos colectivos, con discriminación y flagrantes violaciones del principio de igualdad bajo la ley, debería preocuparnos a todos nosotros, judíos y no judíos por igual. Esta decisión muestra que debemos levantarnos en defensa de las libertades y libertades de cada individuo», manifestó.
«Son las personas las que deberían estar protegidas contra los abusos de la política radical, mientras que el Alcalde Romero debería ser relevado de su puesto por violaciones flagrantes de las políticas antidiscriminatorias que gobiernan los organismos gubernamentales», agregó.
Fuente: Itón Gadol
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