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La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido absuelta de las acusaciones de que que ella encubrió la responsabilidad de Irán por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.
Fiscal argentino Javier De Luca dijo que no había suficientes evidencias en la investigación de finales del fiscal Alberto Nisman judía como para justificar una acusación formal. El Fiscal rechazó las acusaciones en contra de la presidenta Cristina Fernández de que ella ayudara a proteger a los funcionarios iraníes supuestamente detrás del atentado contra un centro judío 1994, poniendo fin efectivamente a un caso que se había expuesto profundas divisiones en la nación sudamericana.
«No ha habido ningún delito», dijo De Luca en su decisión, haciéndose eco de dos decisiones judiciales anteriores.
El caso fue rechazado por un juez federal en febrero y luego expulsado en apelación por el tribunal federal de apelaciones.
En los últimos meses cada decisión judicial ha sido recibida por los partidarios y detractores de la administración de Fernández acusando al otro lado de la utilización de la muerte de Nisman por razones políticas.
«El caso subrayó la idea de que no hay estado de derecho», dijo Martín Bohmer, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires. «El despliegue de las divisiones y el miedo envió a todos los mensajes equivocados.»
Días antes de que fuera encontrado muerto el 18 de enero, Nisman acusó a Fernández y a otros funcionarios de la administración superior de ayudar a encubrir el supuesto papel de los funcionarios iraníes en el atentado contra el centro comunitario judío.
La presidenta ha negado rotundamente las acusaciones e Irán ha negado la participación en el atentado, que causó la muerte a 85 personas y se sitúa como el peor ataque terrorista del país.
La muerte de Nisman no ha sido resuelta. Los investigadores dicen que están viendo la posibilidad de homicidio o suicidio. Amigos y familiares de Nisman rechazan la idea de que él se quitó la vida.
Mientras que Fernández ha sido absuelta en la corte, su administración trata de mejorar su erosionada popularidad. Según varias encuestas.Fernández está constitucionalmente impedida de postularse para un tercer mandato en las elecciones de octubre.