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La Corte Internacional de Justicia permitió al Reino Unido presentar un amicus curiae desafiando su competencia para juzgar a ciudadanos israelíes, informó The Times of Israel.

Fuente: Enlace Judío

La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte decidió este jueves dar al Reino Unido hasta el 12 de julio para presentar su escrito, lo que significa que el proceso de toma de decisiones sobre si emitir o no órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se suspenderá hasta que se decida primero esto.

Según documentos judiciales publicados el jueves, el Reino Unido presentó su solicitud el 10 de junio, donde citó una decisión de la misma cámara de 2021 cuando dictaminó que, a pesar de que el Estado de Palestina no era un Estado soberano, la Corte sí tenía competencia sobre Judea y Samaria, Jerusalén Este y Gaza.

El escrito del Reino Unido señaló que la Corte en ese momento dictaminó que necesitaría tomar una decisión final sobre la afirmación de Israel de que la solicitud de la Autoridad Palestina de unirse a la Corte viola los Acuerdos de Oslo siempre y cuando un fiscal de la CPI solicite órdenes de arresto contra ciudadanos israelíes.

El argumento del Reino Unido es que las autoridades palestinas no pueden tener jurisdicción sobre los ciudadanos israelíes según los términos de los Acuerdos de Oslo y, por lo tanto, no pueden transferir esa jurisdicción a la CPI para procesar a los israelíes.

“El Reino Unido sostiene que la Sala, de conformidad con el artículo 19(1) del Estatuto de Roma, ‘está obligada a hacer una determinación inicial de competencia para resolver la solicitud de órdenes de arresto’ de la cual el tema de los Acuerdos de Oslo necesariamente forma parte’”, señaló la Corte.

La Corte dijo que otros Estados miembros de la CPI podrían presentar escritos similares si así lo desearan antes de la fecha límite del 12 de julio.

El Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, anunció en mayo que solicitó órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant debido a presuntos delitos de “causar exterminio, provocar hambruna como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, y atacar deliberadamente a civiles en conflicto”.

La decisión fue ferozmente criticada por Israel, Estados Unidos y otros, argumentando, entre otras afirmaciones, que el sistema judicial y legal independiente de Israel es capaz de investigar cualquier acto criminal durante la actual guerra de Gaza, y que el fiscal no dio suficiente tiempo a Israel para ejercer ese poder.

Los críticos también argumentaron que Khan no se ha comprometido con Israel para comprender qué medidas podría haber tomado o está tomando actualmente para investigar posibles acciones criminales durante la guerra.

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